Bienvenido

Fidelity NOTICIAS

LEER NOTICIAS

Conseguimos que un paciente con pérdida visual irreversible obtenga la Incapacidad en grado de Gran Invalidez

El paciente contaba con graves problemas visuales desde 1990, los cuáles se han ido agravando con los años. Los informes médicos presentados concluían que el paciente presentaba Retinosis Pigmentaria en ambos ojos en estado terminal, sin posibilidad de mejora, con campo visual abolido, lo que le hace necesitar ayuda de terceras personas para realizar sus actividades básicas diarias como vestirse, higiene o comer, actividades que, jurídicamente, caracterizan la Gran Invalidez. En dos ocasiones sus demandas para conseguir la Gran Invalidez fueron desestimadas a través de otros despachos no especializados.

En términos legales, se le diagnostica con “pérdida visual en ceguera legal irreversible sin posibilidad de tratamiento”. Por lo cual, necesitaba la pensión fijada por la ley para personas con Gran Incapacidad, no solo por no poder desempeñar actividad laboral alguna, sino por la dependencia del inválido a un protector o cuidador, que es lo que, jurídicamente, caracteriza la Gran Invalidez.

Desde Fidelity hemos trabajado duro por conseguir que le sea reconocida la Incapacidad Permanente en grado de Gran Invalidez derivada de enfermedad común. En un primer momento, a esta persona le fue reconocida la incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio por su dolencia retinopatía pigmentaria, con una agudeza visual de 0,3 y 0,1 (la legislación establece que, por debajo del 0,5 está prohibido conducir). Sin embargo, esta enfermedad ha ido agravándose notablemente con el tiempo, como demuestran los informes médicos.

La base reguladora para el grado de Gran Invalidez derivada de enfermedad común asciende a 1.673.75 euros y el complemento de Gran Invalidez a unos 1.000 euros, así que se le ha conseguido casi duplicar la pensión que estaba percibiendo. Además, hemos exigido que, debido a la edad del paciente, habían de tenerse en cuenta los últimos 8 años de cotización y no los últimos cinco, como se había determinado anteriormente.

Nos encontramos con uno de los muchos casos en los que se desestima jurídicamente una demanda que el paciente necesita para poder vivir dignamente. La falta de información y asesoramiento es uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan los pacientes.

Incapacidad laboral permanente, una ley no siempre aplicada

La Seguridad Social define la incapacidad laboral permanente como aquella situación en la que se encuentra una persona cuando, una vez agotado el tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, previsiblemente definitivas que disminuyen o anulan la capacidad laboral de esa persona.

Ya sea por accidente, por aparición o agravamiento de una enfermedad ya padecida, si las secuelas derivadas de las mismas impiden la actividad laboral actual del paciente o el desarrollo de cualquier otra, entonces se tiene derecho a una incapacidad laboral permanente. En ocasiones, estas secuelas pueden incluso derivar en la necesidad de la ayuda de una tercera persona para las actividades básicas de la vida diaria.

El capítulo VI del título II de la Ley de la Seguridad Social de 21 de abril de 1966, regula las situaciones de invalidez provisional e invalidez permanente en el Régimen General de la Seguridad Social; por su parte, el capítulo III del Reglamento General, aprobado por Decreto número 3158/1966, de 23 de diciembre, determina la cuantía de las prestaciones económicas correspondientes a dichas situaciones y fija condiciones del derecho a las mismas.

La Ley vigente estipula que no obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del inválido si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

Lo primero que tenemos que aclarar es que la legislación española no se basa en el diagnóstico, sino en las secuelas, donde una misma enfermedad o accidente puede afectar de forma muy distinta a cada individuo.

Una cobertura legal que es reconocida internacionalmente como una de las más avanzadas y que suena muy justa sobre el papel. Sin embargo, la realidad es muy diferente cuando deciden aplicarla y, como consecuencia, un alto porcentaje de los afectados empieza a sufrir un calvario que en muchas ocasiones no tiene salida.

Hay muchas razones ilegales para encontrarnos ahora en este punto. Primero, que en el pasado quizás se concedieron con demasiada alegría y ahora ocurre todo lo contrario. Si a eso le sumamos que durante los años de la crisis la gente empezó a solicitar incapacidades laborales como una salida desesperada al desempleo, y que el soniquete, tan escuchado últimamente, de que no hay dinero para las pensiones ha calado profundamente en la sociedad, ya nos podemos imaginar por qué la Administración no recibe con los brazos muy abiertos las solicitudes de incapacidad laboral y, por lo tanto, les cuesta mucho aplicar la legislación vigente y proteger los derechos de los ciudadanos, por mucho que esa sea su obligación.

La Administración se ampara en el desconocimiento de los afectados por sus derechos y deniega sin rubor, al detectar en sus solicitudes informes que les pueden perjudicar, por una simple frase o incluso una única palabra. Es terrible que debamos de cuidar al máximo los detalles para conseguir que los derechos que la Ley ampara nos sean reconocidos, pero la realidad nos muestra cómo un porcentaje elevadísimo no reclama y, lamentablemente, pueden llegar a perder sus derechos de forma definitiva.

Lo que desconocen los afectados y sus familiares es que muchas veces estos derechos, una vez estudiados y elegida la mejor estrategia para su defensa, pueden recuperarse en los tribunales de justicia, si se ha construido el caso con una base sólida desde el inicio.

Dejemos que sea el proceso el que decida, en función de cómo afectan las secuelas al paciente, si puede tener derecho a una pensión por incapacidad laboral permanente parcial, total, absoluta o en grado de gran invalidez. Nosotros como juristas debemos de analizar qué opciones tienen los afectados, cuál o cuáles de ellas son las más interesantes y los pasos que se han de dar para obtenerlas.

La Administración no ha de encontrar trabas para conceder sus derechos legalmente reconocidos, si encuentra solo una, la agarrara como un náufrago a un salvavidas, aunque lo que esté provocando es un problema real en una familia, que además será para toda una vida.

Lorenzo Pérez, presidente de Grupo Fidelity.

¿Por qué el 95% de solicitudes de incapacidad laboral se archivan?

La incapacidad laboral permanente, según la definición aportada por la Seguridad Social, es aquella situación en la que se encuentra una persona cuando, una vez agotado el tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, previsiblemente definitivas, que disminuyen o anulan la capacidad laboral de esa persona. En España, más del 95 por ciento de las solicitudes acaban denegadas y archivadas en fase administrativa por parte del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). Esto se debe a distintos factores que desarrollaremos a continuación.

Ya sea por accidente, por aparición de una enfermedad o por agravamiento de una enfermedad que ya padecía con anterioridad, si las secuelas derivadas de las mismas impiden la actividad laboral actual del paciente o el desarrollo de cualquier actividad laboral, entonces se tiene derecho a una incapacidad laboral permanente. Antes de adentrarnos en la problemática de concesión, debemos exponer algunos datos clave.

Existen distintos tipos de incapacidad laboral. No es lo mismo la incapacidad permanente parcial para la profesión habitual (cuando la capacidad laboral se reduce en no menos de un tercio para el rendimiento de la profesión habitual, pero sin llegar a alcanzar el grado de total, que se produce cuando se pierde la capacidad laboral para el desarrollo de las principales tareas de la profesión habitual. Por otro lado, se encuentra la incapacidad permanente absoluta para todo trabajo -aquella que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio- y la Gran invalidez, que se da cuando a la pérdida de la capacidad de desarrollar cualquier actividad laboral le sumamos la necesidad que tiene el individuo para desarrollar ciertas actividades básicas de la vida diaria como la alimentación, la higiene, la deambulación, etc.

Ahora bien, muchas de las peticiones son denegadas o clasificadas en un grado de invalidez inferior al solicitado por el enfermo.

El Instituto Nacional de Seguridad Social -o la institución homóloga que corresponda en cada caso-, es el encargado de considerar el dictamen-propuesta de incapacidad permanente, que se emite a raíz de las apreciaciones del Equipo de Valoración de Incapacidades y, una vez comprobados los requisitos necesarios para el reconocimiento de dicha prestación, procederán a dictar la correspondiente resolución, así como el grado de incapacidad reconocido en caso de que la resolución sea favorable para el paciente.

La resolución es emitida en un plazo máximo de ciento treinta y cinco días, computados desde la fecha del acuerdo de iniciación en los procedimientos de oficio o de la recepción de la solicitud en el INSS en los demás casos. Si, por el contrario, la resolución no se dicta en el plazo señalado, se entiende la misma como denegada por silencio administrativo, de manera que se iniciaría el plazo para ejercer el derecho de reclamación, previo a la vía jurisdiccional.

En el momento en el que la situación de incapacidad del trabajador, en los grados de Total, Absoluta o Gran Invalidez, vaya a ser objeto de revisión por una posible mejoría que permita la reincorporación del individuo a su puesto de trabajo, el órgano de calificación subsistirá la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo durante un periodo de dos años, contando desde la fecha de resolución por la que se declara la incapacidad permanente.

Para esto, cabe destacar que la Legislación española no se basa en el diagnóstico, sino en las secuelas, donde una misma enfermedad o accidente puede afectar de forma muy distinta a cada individuo.

Poseemos una cobertura legal que es reconocida internacionalmente como una de las más avanzadas y que suena muy justa sobre el papel, pero la realidad es muy diferente cuando hablamos de cómo se aplica y, a consecuencia de ello, un alto porcentaje de los afectados empiezan a sufrir un calvario que en muchas ocasiones no tiene salida.

Hay muchas razones que explican por qué nos encontramos ahora en este punto. Primero, que en el pasado quizás se concedieron con mayor facilidad y ahora ocurre todo lo contrario. Para más inri, durante los años de la crisis la gente empezó a solicitar incapacidades laborales como una salida desesperada al desempleo, de manera que la Administración aminoró la concesión de las mismas y ahora estamos ante una situación en la que cuesta aplicar la legislación vigente y proteger los derechos de los ciudadanos.

A causa del desconocimiento de los afectados sobre los procedimientos se deniegan la mayoría de casos, al detectar en sus solicitudes informes que les pueden perjudicar, en ocasiones incluso por una simple frase o una única palabra.

En la actualidad, resulta imprescindible cuidar al máximo los detalles para conseguir que los derechos que la Ley ampara, pero la realidad nos muestra cómo un porcentaje elevadísimo no reclama y, lamentablemente, pueden llegar a perder sus derechos de forma definitiva.

Lo que desconocen los afectados y sus familiares es que muchas veces estos derechos, una vez estudiados y elegida la mejor estrategia para su defensa, pueden recuperarse en los tribunales de justicia, si se ha construido el caso con una base sólida desde el inicio. Es por ello que, desde un principio, los afectados deben valerse de juristas especializados para analizar qué opciones tienen, cuál o cuáles de ellas son las más interesantes y los pasos que se han de dar para obtenerlas. Desde Fidelity, comprendemos la importancia de acompañar al afectado desde el minuto uno para obtener una resolución favorable para el trabajador.

La Administración no ha de encontrar errores en las solicitudes para poder conceder un derecho legalmente reconocido. Si encuentra solo uno, se aferra al mismo cual náufrago a un salvavidas, sin contemplar el daño que podría causar a miles de familias en nuestro país que, a día de hoy, se encuentran lidiando con un duro proceso para obtener lo que, por derecho, les corresponde.

Por qué es tan difícil conseguir la incapacidad laboral en España

La Ley de la Seguridad Social regula las situaciones de invalidez provisional e invalidez permanente en el Régimen General de la Seguridad Social. Esta institución define la incapacidad laboral permanente como aquella situación en la que se encuentra una persona cuando, una vez agotado el tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, previsiblemente definitivas, que disminuyen o anulan la capacidad laboral de esa persona.

1. ¿Cuándo tenemos derecho a la incapacidad permanente?

Cuando un individuo está trabajando y ha de dejar de hacerlo por razones de salud, puede solicitar la baja médica o, hablando en términos legales, pedir una Incapacidad Temporal (IT). Sin embargo, este tipo de incapacidad tiene una fecha de caducidad en el tiempo y se da cuando se ha solucionado el motivo causante de la baja, por lo que se debe volver al puesto de trabajo.

El periodo máximo de una IT es de un año, aunque se puede llegar a alargar seis meses o incluso, en casos excepcionales, un año más. Sin embargo, lo más frecuente es que tras el primer año se acabe el periodo de incapacidad temporal mediante el alta médica. En ese punto, si las limitaciones persisten, se tiene derecho a una incapacidad permanente.

Desde un principio, debemos destacar la importancia de comenzar el proceso con un estudio profundo de viabilidad para saber dónde se encuentra cada paciente y qué opciones tiene. Sea por accidente, por aparición o agravamiento de una enfermedad ya padecida, si las secuelas derivadas de las mismas impiden la actividad laboral actual del paciente o el desarrollo de cualquier actividad laboral, entonces se tiene derecho a una incapacidad laboral permanente. En ocasiones, estas secuelas pueden incluso derivar en la necesidad de la ayuda de una tercera persona para las actividades básicas de la vida diaria.

2. ¿Por qué se conceden con tanta dificultad?

Es muy importante aclarar que la legislación española no se basa en el diagnóstico, sino en las secuelas, donde una misma enfermedad o accidente puede afectar de forma muy distinta a cada individuo.

Poseemos una cobertura legal que es reconocida internacionalmente como una de las más avanzadas y que suena muy justa sobre el papel, pero la realidad es muy diferente cuando deciden aplicarla y, a consecuencia de ello, un alto porcentaje de los afectados empiezan a sufrir un calvario que en muchas ocasiones no tiene salida.

Hay muchas razones ilegales para encontrarnos ahora en este punto. Primero, que en el pasado quizás se concedieron con mayor facilidad y ahora ocurre todo lo contrario. Si a eso le sumamos que durante los años de la crisis la gente empezó a solicitar incapacidades laborales como una salida desesperada al desempleo, nos podemos imaginar cuánto le cuesta a la Administración aplicar la legislación vigente y proteger los derechos de los ciudadanos.

3. ¿Por qué debemos cuidar los detalles?

A causa del desconocimiento de los afectados se deniegan la mayoría de casos, al detectar en sus solicitudes informes que les pueden perjudicar, en ocasiones incluso por una simple frase o una única palabra.

En la actualidad, resulta imprescindible cuidar al máximo los detalles para conseguir que los derechos que la Ley ampara, pero la realidad nos muestra cómo un porcentaje elevadísimo no reclama y, lamentablemente, pueden llegar a perder sus derechos de forma definitiva.

Lo que desconocen los afectados y sus familiares es que muchas veces estos derechos, una vez estudiados y elegida la mejor estrategia para su defensa, pueden recuperarse en los tribunales de justicia, si se ha construido el caso con una base sólida desde el inicio.

Dejemos que sea el proceso el que decida en función de cómo afectan las secuelas al paciente, si puede tener derecho a una pensión por incapacidad laboral permanente parcial, permanente total, permanente absoluta o permanente en grado de gran invalidez. Nosotros, como juristas, debemos de analizar qué opciones tienen los afectados, cuál o cuáles de ellas son las más interesantes y los pasos que se han de dar para obtenerlas.


Artículo de Lorenzo Pérez, presidente de Grupo Fidelity.

Incapacidad laboral permanente, una ley no siempre aplicada

La Seguridad Social define la incapacidad laboral permanente como aquella situación en la que se encuentra una persona cuando, una vez agotado el tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, previsiblemente definitivas que disminuyen o anulan la capacidad laboral de esa persona.

Ya sea por accidente, por aparición o agravamiento de una enfermedad ya padecida, si las secuelas derivadas de las mismas impiden la actividad laboral actual del paciente o el desarrollo de cualquier otra, entonces se tiene derecho a una incapacidad laboral permanente. En ocasiones, estas secuelas pueden incluso derivar en la necesidad de la ayuda de una tercera persona para las actividades básicas de la vida diaria.

El capítulo VI del título II de la Ley de la Seguridad Social de 21 de abril de 1966, regula las situaciones de invalidez provisional e invalidez permanente en el Régimen General de la Seguridad Social; por su parte, el capítulo III del Reglamento General, aprobado por Decreto número 3158/1966, de 23 de diciembre, determina la cuantía de las prestaciones económicas correspondientes a dichas situaciones y fija condiciones del derecho a las mismas.

La Ley vigente estipula que no obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del inválido si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

Lo primero que tenemos que aclarar es que la legislación española no se basa en el diagnóstico, sino en las secuelas, donde una misma enfermedad o accidente puede afectar de forma muy distinta a cada individuo.

Una cobertura legal que es reconocida internacionalmente como una de las más avanzadas y que suena muy justa sobre el papel. Sin embargo, la realidad es muy diferente cuando deciden aplicarla y, como consecuencia, un alto porcentaje de los afectados empieza a sufrir un calvario que en muchas ocasiones no tiene salida.

Hay muchas razones ilegales para encontrarnos ahora en este punto. Primero, que en el pasado quizás se concedieron con demasiada alegría y ahora ocurre todo lo contrario. Si a eso le sumamos que durante los años de la crisis la gente empezó a solicitar incapacidades laborales como una salida desesperada al desempleo, y que el soniquete, tan escuchado últimamente, de que no hay dinero para las pensiones ha calado profundamente en la sociedad, ya nos podemos imaginar por qué la Administración no recibe con los brazos muy abiertos las solicitudes de incapacidad laboral y, por lo tanto, les cuesta mucho aplicar la legislación vigente y proteger los derechos de los ciudadanos, por mucho que esa sea su obligación.

La Administración se ampara en el desconocimiento de los afectados por sus derechos y deniega sin rubor, al detectar en sus solicitudes informes que les pueden perjudicar, por una simple frase o incluso una única palabra. Es terrible que debamos de cuidar al máximo los detalles para conseguir que los derechos que la Ley ampara nos sean reconocidos, pero la realidad nos muestra cómo un porcentaje elevadísimo no reclama y, lamentablemente, pueden llegar a perder sus derechos de forma definitiva.

Lo que desconocen los afectados y sus familiares es que muchas veces estos derechos, una vez estudiados y elegida la mejor estrategia para su defensa, pueden recuperarse en los tribunales de justicia, si se ha construido el caso con una base sólida desde el inicio.

Dejemos que sea el proceso el que decida, en función de cómo afectan las secuelas al paciente, si puede tener derecho a una pensión por incapacidad laboral permanente parcial, total, absoluta o en grado de gran invalidez. Nosotros como juristas debemos de analizar qué opciones tienen los afectados, cuál o cuáles de ellas son las más interesantes y los pasos que se han de dar para obtenerlas.

La Administración no ha de encontrar trabas para conceder sus derechos legalmente reconocidos, si encuentra solo una, la agarrara como un náufrago a un salvavidas, aunque lo que esté provocando es un problema real en una familia, que además será para toda una vida.

Lorenzo Pérez, presidente de Grupo Fidelity.

Fidelity proporciona formación sobre incapacidad laboral ante el aumento de cáncer en España

El grupo español de consultoría legal Fidelity ha participado en el 14º Congreso de GEPAC (Grupo Español de Pacientes con Cáncer). El pasado domingo 24 de noviembre, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, los profesionales de Fidelity formaron a los allí presentes sobre aspectos socio-laborales en su ponencia: Incapacidad laboral, discapacidad y dependencia en pacientes con cáncer.

Lorenzo Pérez, presidente de Fidelity, ofreció sus conocimientos concernientes a la incapacidad laboral, la normativa y los trámites necesarios para su acceso, haciendo hincapié en el rol del trabajador social que realiza su labor con pacientes que conviven a diario con el cáncer.

Para el presidente de Fidelity, si bien no existen cifras oficiales del número de expedientes de incapacidad laboral que se deniegan, el número es muy elevado: “Según los estudios internos que realizamos para analizar este asunto, que afecta ya a miles de personas, obtenemos unas cifras terribles. En muchos casos, el mayor obstáculo es la desinformación y el planteamiento poco adecuado de las solicitudes».

Para Begoña Barragán, presidenta de GEPAC, las cifras tampoco son nada buenas: “La incidencia del cáncer aumenta cada año en nuestro país. De Fidelity precisamos, fundamentalmente, sus conocimientos en el ámbito sociolaboral. pues la desinformación es una de las grandes trabas para las personas afectadas”.

En este encuentro, el Grupo Fidelity, con más de 15 años de experiencia, pudo compartir su conocimiento sobre la normativa para arrojar luz sobre los procesos administrativos a la hora de solicitar las pensiones por incapacidad laboral.

«La información a los familiares y personas afectadas por el cáncer, que en España son ya más de 270.000, les permite conocer la aplicación de la Ley General de la Seguridad Social en lo tocante a incapacidades laborales y aconsejar a las familias en fases tempranas de su solicitud por vía administrativa de los pasos correctos que han de acometer, para obtener una resolución positiva», explicó.

Fidelity participa en “Los días más rosas” informando sobre incapacidad laboral, grado de discapacidad y dependencia para pacientes con cáncer de mama

El grupo español de consultoría legal Fidelity participó el pasado 17 de octubre en el evento formativo Los días más rosas, organizado por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC). Durante este taller, los profesionales de Fidelity informaron a las pacientes con cáncer de mama sobre incapacidad laboral, grado de discapacidad y dependencia.
Lorenzo Pérez abordó, durante esta jornada informativa, aspectos sociolaborales concernientes a la incapacidad laboral, grado de discapacidad y dependencia, así como la normativa y los trámites necesarios para su acceso, haciendo hincapié en la necesidad de realizar un análisis previo y de tener la mejor información posible de las posibilidades de cada caso concreto (de hacer “un traje a medida”) en mujeres que han sido diagnosticadas con un cáncer de mama.

Para el presidente de Fidelity, el número de expedientes de incapacidad laboral que se deniegan es muy elevado: “Según los estudios internos que realizamos para analizar este asunto, que afecta ya a miles de mujeres, obtenemos unas cifras terribles. En muchos casos, el mayor obstáculo es la desinformación y el planteamiento poco adecuado de las solicitudes».
Para Begoña Barragán, presidenta de GEPAC, las cifras tampoco son nada buenas: “La incidencia del cáncer de mama aumenta cada año en nuestro país. Necesitamos fundamentalmente información. Esta tercera jornada informativa se realiza para paliar el desconocimiento que muchas veces es una gran traba para las mujeres diagnosticadas con esta enfermedad”.

En este encuentro, el Grupo Fidelity, con más de 15 años de experiencia, pudo, a través de GEPAC, compartir con las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama su profundo conocimiento sobre la normativa para arrojar luz sobre los procesos administrativos a la hora de solicitar las pensiones por incapacidad laboral, el certificado de discapacidad o la dependencia.
«La información a los familiares y mujeres con cáncer de mama, que en España son ya más de 130.000, les permite conocer la aplicación de la Ley General de la Seguridad Social en lo tocante a incapacidades laborales y aconsejar a las familias en fases tempranas de su solicitud por vía administrativa de los pasos correctos que han de acometer, para obtener una resolución positiva», explicó.

El sábado 19 de octubre se celebró el Día Mundial del Cáncer de Mama, una cita que sirve para mostrar el compromiso social con tantas mujeres que son diagnosticadas con esta enfermedad, de la que se diagnostican anualmente cerca de 30.000 nuevos casos.

«Desde Fidelity, hemos querido otorgar todo nuestro apoyo a las mujeres con cáncer de mama, que no solo afrontan la enfermedad sino también las trabas administrativas que no les permiten recibir la incapacidad laboral, el grado de discapadidad que les corresponde o la dependencia”, afirma el presidente.
En la jornada Los días más rosas, los asistentes pudieron conocer, además de los aspectos sociolaborales, aspectos sociosanitarios del cáncer de mama como los tipos de cirugía y realizar unos talleres sobre los problemas de memoria generados por los tratamientos oncológicos.

Por qué es tan difícil conseguir la incapacidad laboral en España

La Ley de la Seguridad Social regula las situaciones de invalidez provisional e invalidez permanente en el Régimen General de la Seguridad Social. Esta institución define la incapacidad laboral permanente como aquella situación en la que se encuentra una persona cuando, una vez agotado el tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, previsiblemente definitivas, que disminuyen o anulan la capacidad laboral de esa persona.

1. ¿Cuándo tenemos derecho a la incapacidad permanente?

Cuando un individuo está trabajando y ha de dejar de hacerlo por razones de salud, puede solicitar la baja médica o, hablando en términos legales, pedir una Incapacidad Temporal (IT). Sin embargo, este tipo de incapacidad tiene una fecha de caducidad en el tiempo y se da cuando se ha solucionado el motivo causante de la baja, por lo que se debe volver al puesto de trabajo.

El periodo máximo de una IT es de un año, aunque se puede llegar a alargar seis meses o incluso, en casos excepcionales, un año más. Sin embargo, lo más frecuente es que tras el primer año se acabe el periodo de incapacidad temporal mediante el alta médica. En ese punto, si las limitaciones persisten, se tiene derecho a una incapacidad permanente.

Desde un principio, debemos destacar la importancia de comenzar el proceso con un estudio profundo de viabilidad para saber dónde se encuentra cada paciente y qué opciones tiene. Sea por accidente, por aparición o agravamiento de una enfermedad ya padecida, si las secuelas derivadas de las mismas impiden la actividad laboral actual del paciente o el desarrollo de cualquier actividad laboral, entonces se tiene derecho a una incapacidad laboral permanente. En ocasiones, estas secuelas pueden incluso derivar en la necesidad de la ayuda de una tercera persona para las actividades básicas de la vida diaria.

2. ¿Por qué se conceden con tanta dificultad?

Es muy importante aclarar que la legislación española no se basa en el diagnóstico, sino en las secuelas, donde una misma enfermedad o accidente puede afectar de forma muy distinta a cada individuo.

Poseemos una cobertura legal que es reconocida internacionalmente como una de las más avanzadas y que suena muy justa sobre el papel, pero la realidad es muy diferente cuando deciden aplicarla y, a consecuencia de ello, un alto porcentaje de los afectados empiezan a sufrir un calvario que en muchas ocasiones no tiene salida.

Hay muchas razones ilegales para encontrarnos ahora en este punto. Primero, que en el pasado quizás se concedieron con mayor facilidad y ahora ocurre todo lo contrario. Si a eso le sumamos que durante los años de la crisis la gente empezó a solicitar incapacidades laborales como una salida desesperada al desempleo, nos podemos imaginar cuánto le cuesta a la Administración aplicar la legislación vigente y proteger los derechos de los ciudadanos.

3. ¿Por qué debemos cuidar los detalles?

A causa del desconocimiento de los afectados se deniegan la mayoría de casos, al detectar en sus solicitudes informes que les pueden perjudicar, en ocasiones incluso por una simple frase o una única palabra.

En la actualidad, resulta imprescindible cuidar al máximo los detalles para conseguir que los derechos que la Ley ampara, pero la realidad nos muestra cómo un porcentaje elevadísimo no reclama y, lamentablemente, pueden llegar a perder sus derechos de forma definitiva.

Lo que desconocen los afectados y sus familiares es que muchas veces estos derechos, una vez estudiados y elegida la mejor estrategia para su defensa, pueden recuperarse en los tribunales de justicia, si se ha construido el caso con una base sólida desde el inicio.

Dejemos que sea el proceso el que decida en función de cómo afectan las secuelas al paciente, si puede tener derecho a una pensión por incapacidad laboral permanente parcial, permanente total, permanente absoluta o permanente en grado de gran invalidez. Nosotros, como juristas, debemos de analizar qué opciones tienen los afectados, cuál o cuáles de ellas son las más interesantes y los pasos que se han de dar para obtenerlas.

La Asociación Síndrome 22q se incorpora a la familia de instituciones con las que colaboramos desde Fidelity Consulting

El grupo español de consultoría legal, Fidelity, ha cerrado un acuerdo con la Asociación Síndrome 22q11 en el que se compromete a colaborar mediante la puesta en común de sus más de 15 años de experiencia y conocimiento del mercado y a prestar servicios de consultoría sobre cualquier área del Derecho, siempre desde el punto de vista de la discapacidad y/o las enfermedades graves, de manera coordinada a los socios de la Asociación.

En España, 1 de cada 4.000 niños nacen con este Síndrome, cifras muy similares a la de pequeños que nacen con Síndrome de Down. El Síndrome 22q11 es una anomalía cromosómica que causa un cuadro clínico con malformaciones congénitas cuyos rasgos característicos incluyen defectos cardíacos, anomalías del paladar, dismorfismo facial, retraso en el desarrollo e inmunodeficiencia. El principal objetivo de la Asociación es defender los  intereses de los afectados por la deleción y duplicación 22q11.

A raíz de este acuerdo con el Grupo Fidelity, pretenden facilitar la comunicación y acceso a las fuentes informativas en el ámbito de los asociados.

Fidelity prestará el servicio de asesoramiento durante todo el proceso, tanto en vía judicial como extrajudicial, sin coste alguno para los socios de la Asociación que lo soliciten. Ambos han pactado explícitamente que el acuerdo es totalmente gratuito para las dos partes sin que se devenguen obligaciones de pago por los servicios prestados.

Lorenzo Pérez, presidente de Fidelity, afirma que este acuerdo: “es necesario para ayudar en esta lucha que combaten muchos niños en nuestro país, en la cual uno de los peores enemigos es la desinformación”.

Ambas partes se comprometen a colaborar recíprocamente con el fin de prestar el mejor servicio a los afectados.

CONSULTA GRATUITA

Realiza tu consulta GRATIS y nos pondremos en contacto contigo.